El sectarismo contra la identidad: la enésima embestida al patrimonio taurino
El regreso al Congreso de la iniciativa para desproteger la tauromaquia no responde a una demanda social real, sino al empeño de una minoría por imponer un pensamiento único a golpe de censura y prejuicio.
Manolo Herrera
Redactor
La insistencia política, cuando carece de base social y se alimenta exclusivamente de la obsesión ideológica, suele rozar el absurdo. Eso es exactamente lo que presenciamos con el enésimo asalto parlamentario a la tauromaquia. Apenas unos meses después de que el Congreso de los Diputados rechazara de forma soberana la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "No es mi cultura", la coalición habitual de ERC, Junts, Sumar, Podemos, BNG y EH-Bildu —auxiliada por el ala más dócil de un PSOE sumido en la indefinición— ha vuelto a la carga. Esta vez, valiéndose de un atajo reglamentario y del apoyo de 52 diputados para registrar una Proposición de Ley con la que pretenden despojar al toro de su consideración como Patrimonio Cultural.
Lo que estamos presenciando no es un ejercicio de parlamentarismo constructivo; es una ofensiva de desgaste. El objetivo no es abrir un "debate democrático", como repiten de forma cínica sus promotores, sino demoler por la vía rápida el marco legal (la Ley 18/2013) que protege a la Fiesta frente al sectarismo y los caprichos de los gobiernos autonómicos o locales de turno.
Quienes hoy firman esta propuesta con una sonrisa en las escalinatas de las Cortes no buscan proteger a los animales, sino desmantelar un símbolo de la identidad de este país. Pretenden, con una superioridad moral asfixiante, decidir qué es cultura y qué no, como si la herencia histórica y la sensibilidad de millones de españoles pudieran legislarse en un despacho.
El peligro real de esta Proposición de Ley reside en su sutileza destructiva. Al intentar despojar a los toros de su protección estatal, lo que pretenden es fragmentar el marco jurídico común. Quieren devolver las competencias de prohibición a las comunidades autónomas y ayuntamientos, sabiendo perfectamente que la desprotección estatal abrirá la veda para una censura silenciosa a nivel local: asfixia económica, trabas burocráticas y cancelación cultural. Es la estrategia de la prohibición por la puerta de atrás.
Es hora de que el Partido Socialista abandone la comodidad de la abstención cómplice. En una cuestión que atañe directamente a la libertad cultural de los ciudadanos, al sustento de miles de familias del medio rural y a la preservación ecológica de la dehesa ibérica, ponerse de perfil no es una opción de gobierno responsable. La neutralidad ante el intento de demoler un patrimonio centenario es, de facto, una forma de entrega.
La cultura no es propiedad de los 52 diputados firmantes, ni se define en los programas electorales del independentismo y la ultraizquierda. La tauromaquia es del pueblo, de los profesionales que la hacen posible y de una afición soberana que ejerce su libertad acudiendo a las plazas. Responder a esta nueva embestida con firmeza y unidad en defensa de la libertad es el único camino posible. La Fiesta es cultura, y la cultura, por definición, no se prohíbe.
