México, entre la política y el ruedo

En las últimas semanas, varios carteles han quedado suspendidos o cancelados. En Zacatecas, los festejos previstos para la Feria Nacional llegaron a quedar provisionalmente paralizados por una resolución judicial, aunque posteriormente un tribunal revocó aquella suspensión y permitió mantener el serial. En Juriquilla, Querétaro, la corrida anunciada para el 15 de septiembre también tuvo que ser suspendida después de que un juez concediera una suspensión provisional a raíz de un amparo promovido por grupos animalistas.

Y aquí aparece una cuestión que debería preocupar a todo el sector taurino: ¿qué estabilidad puede tener una actividad cuando un festejo anunciado, autorizado y preparado durante meses puede desaparecer pocos días antes de celebrarse?

La discusión sobre el bienestar animal existe y forma parte del debate democrático. Quienes defienden la prohibición de las corridas tienen sus argumentos, de la misma manera que el mundo del toro defiende la continuidad de una expresión cultural con siglos de historia en México. El problema surge cuando el futuro de la tauromaquia comienza a depender de decisiones cambiantes, de procedimientos judiciales o de iniciativas políticas que pueden alterar las reglas del juego cuando una temporada ya está en marcha.

El caso de la Ciudad de México resulta especialmente significativo. La reforma aprobada en 2025 sustituyó el modelo tradicional por una modalidad denominada espectáculo taurino libre de violencia, prohibiendo la muerte del toro, limitando la duración del festejo y estableciendo otras condiciones que la Plaza México consideró incompatibles con la corrida tradicional. En septiembre de 2026, además, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino volvió a abordar modificaciones relacionadas con las corridas de toros y anunció reuniones con el gremio taurino para tratar sus consecuencias económicas.

No se trata únicamente de defender una tarde de toros. Detrás de cada corrida existe una cadena mucho más amplia: ganaderos, mayorales, toreros, subalternos, mozos de espadas, empresarios, trabajadores de las plazas, transportistas, profesionales de los medios y miles de aficionados. Cada cancelación afecta a un ecosistema que va mucho más allá de las dos horas de espectáculo.

Pero también sería un error que el sector taurino respondiera a esta situación únicamente desde la indignación. México necesita un debate serio, jurídico y cultural sobre qué lugar quiere conceder a la tauromaquia. Un debate en el que puedan escucharse todas las posiciones y en el que las reglas sean claras, estables y conocidas con suficiente antelación por quienes organizan los festejos.

Hay, además, una paradoja que merece ser señalada. En febrero de este mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el reglamento municipal de Tepic que prohibía de forma absoluta la tauromaquia y otros espectáculos con animales, al considerar que un reglamento municipal no podía establecer aquella prohibición en los términos analizados. Es decir, mientras en algunos lugares se levantan barreras, en otros los tribunales las derriban.

El toro mexicano no debería convertirse en una pieza más de la batalla política. Tampoco debería ser utilizado como instrumento electoral ni como símbolo de confrontación entre bloques. Su futuro merece algo más profundo: seguridad jurídica, diálogo y una discusión pública basada en hechos.

La tauromaquia tendrá que afrontar los nuevos tiempos, explicar su realidad y defender su espacio cultural allí donde la sociedad quiera conservarla. Pero también necesitará que quienes toman decisiones públicas comprendan que detrás de cada cartel hay personas, inversiones, puestos de trabajo, animales criados durante años y una afición que merece saber si podrá ocupar su localidad el día anunciado.

Porque una plaza vacía por falta de público es una cosa. Una plaza vacía porque una decisión política o judicial ha impedido celebrar el festejo es otra muy distinta.

México tiene ante sí una discusión que no parece tener una solución sencilla. Y precisamente por eso, el futuro de su tauromaquia no debería decidirse a golpe de cancelación, sino mediante un debate abierto, transparente y con reglas que permitan a todos conocer de antemano dónde empieza y dónde termina la ley.